GHK, el consorcio de residuos dirigido por PNV-PSE, ha decidido aprobar los pliegos de condiciones para la licitación de la incineradora el 28 de julio, en pleno verano y a las puertas de las vacaciones. PNV y el PSE saben muy bien que en Gipuzkoa no queremos ni necesitamos este macro proyecto que, además de caro e innecesario, entraña serias dudas sobre los efectos que podría tener sobre la salud humana, dudas que deberían ser atendidas por principio de precaución.

Por todo ello, el juntero de EH Bildu Iban Asenjo ha participado hoy en una comparecencia pública que ha reunido en Donostia a grupos políticos, sindicales y ecologistas, así como a movimientos ciudadanos.

Las asociaciones han hecho una petición directa al PNV y PSE para que abran una moratoria de 6 meses en la que partidos políticos, organizaciones sindicales, grupos ecologistas y ambientalistas y sociedad civil en general puedan realizar un periodo de debate serio y consensuado sobre las necesidades de infraestructuras que tiene Gipuzkoa para tratar los residuos sólidos urbanos.

Hacemos también un llamamiento a la ciudadanía para que esté atenta ante posibles movilizaciones. Solo la sociedad civil guipuzcoana bien organizada podrá frenar este macro proyecto “publico-privado” y hacer caminar a Gipuzkoa por la senda de la sostenibilidad y la salud.

Éste es el texto de la rueda de prensa:

Quienes defienden la construcción de una incineradora intentan reducir el debate sobre la gestión de residuos a la alternativa simplista “incineración o vertederos”. Presentar así la problemática de la gestión de residuos es faltar al respeto a la ciudadanía.

En Gipuzkoa, como en cualquier otro sitio, sabemos que la gestión de residuos no se reduce solo al tratamiento, sino también a la recogida y generación de residuos. Por lo tanto, el verdadero debate es: “trabajar para reducir la producción de residuos, mejorar la separación y la reutilización, o llevar una política de mínimos en la materia”. La primera opción elimina la pertinencia de una incineradora, y la segunda opción nos podría llevar a construirla.

Todo depende, entonces, de qué políticas se van a aplicar en la gestión de residuos, y esto lo definirá el nuevo PIGRUG (Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de Gipuzkoa). La vigencia del anterior Plan acaba de terminar, y el próximo, para el periodo 2017-2030, está en fase de elaboración. Según el Gobierno actual PNV-PSE de la Diputación, esa elaboración se hará de forma participativa.

Por coherencia y lógica, el PIGRUG debería ser el instrumento que determine la necesidad o no de una incineradora. Pero no será así. El diputado de Medio Ambiente ha dejado claro que quieren hacer la incineradora independientemente de lo que plantee el nuevo PIGRUG. Eso implica varios problemas. Primero, impone unas premisas que pueden distorsionar el análisis y la formulación de propuestas. Y segundo, hace que la participación pierda sentido: “¿por qué participar si está todo decidido?”.

La Diputación está invirtiendo el debate. En lugar de que sea el Plan de Gestión el que defina lo que hace falta para el tratamiento de los residuos, la obstinación de Gobierno PNV-PSE hace que la incineradora determine artificialmente el contenido del Plan de Gestión. Un Plan alterado que será vigente hasta 2030. Y una incineradora que estará en funcionamiento hasta 2055. ¿Es razonable? Rotundamente, no. Pensamos que esto no es más que la imposición de la banca y del lobby pro incineración.

A todos los niveles, las voluntades políticas van encaminadas en la reducción, reutilización y reciclaje de los residuos. La Unión Europea prepara para los tres próximos años varios paquetes de normas relativas a la economía circular y al eco-diseño (https://is.gd/nJ1k16). La concienciación cada vez mayor de la ciudadanía es también manifiesta. Todo esto indica que la proporción de residuos que no se pueden reutilizar o reciclar será cada vez menor año tras año.

Esto es incompatible con el proyecto de incineradora. Necesitamos un método de tratamiento que pueda ser flexible y adaptable a medida que va reduciéndose la cantidad de material rechazo. Por definición, una incineradora es una instalación muy compleja y cara que necesita ser alimentada ininterrumpidamente para poder ser rentable.

La instalación que se prevé construir tendría una capacidad de 200.000 toneladas al año. Y para tener esa instalación, los y las guipuzcoanas pagaríamos más de 34 millones y medio de euros al año durante 35 años. Esto significa más de 200€ por tonelada, es decir un 50% más caro que la incineradora más cara del Estado español (Palma de Mallorca). Eso en el caso de quemar 165.000 toneladas al año durante 35 años, lo que, como acabamos de explicar, no es deseable y no cuadra con la previsible y deseable evolución a la baja del material rechazo. Imaginando que Gipuzkoa se vuelva campeón de la reducción, reutilización y reciclaje de los residuos como para no tener nada para quemar (objetivo hacia el cual debemos tender), llegaríamos a pagar más de 34 millones y medio de euros al año para absolutamente nada.

En esta lógica perversa, GHK, el consorcio de residuos dirigido por PNV-PSE, ha decidido aprobar los pliegos de condiciones para la licitación de la incineradora nada más y nada menos que el 28 de Julio, en pleno verano y a las puertas de las vacaciones de agosto. El PNV y el PSE saben muy bien que en Gipuzkoa no queremos ni necesitamos este macro proyecto que, además de caro e innecesario, entraña serias dudas sobre los efectos que podría tener sobre la salud humana, dudas que deberían ser atendidas por principio de precaución.

Es sabido que una solución alternativa a la incineradora, basada en la reducción, la reutilización y el reciclaje de los residuos, además de ser más barata, medioambientalmente más sostenible y más saludable, crearía muchos más empleos. Se pueden crear centenares de empleos en la recogida, el reciclaje, la reparación, la separación, la reutilización, la investigación y la ingeniería. Pero para eso hay que tener una política decidida en este sentido. Cosa que difícilmente podrá ser si una incineradora absorbe 34 millones y medio de euros al año.

Por todo ello, las asociaciones abajo firmantes hacemos una petición directa al PNV y PSE para que abran una moratoria de 6 meses en la que partidos políticos, organizaciones sindicales, grupos ecologistas y ambientalistas y sociedad civil en general puedan realizar un periodo de debate serio y consensuado sobre las necesidades de infraestructuras que tiene Gipuzkoa para tratar los residuos sólidos urbanos.

Hacemos también un llamamiento a la ciudadanía para que esté atenta ante posibles movilizaciones. Solo la sociedad civil guipuzcoana bien organizada podrá frenar este macro proyecto “publico-privado” y hacer caminar a Gipuzkoa por la senda de la sostenibilidad y la salud.

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