EH Bildu ha advertido de que el contrato previsto para construir y explotar la incineradora va a suponer una auténtica dictadura económica para los ayuntamientos de Gipuzkoa, puesto que va a obligar a los municipios a pagar a una empresa privada 1.500 millones de euros durante los próximos 35 años.

Por ello, EH Bildu ha tendido la mano a PNV-PSE para tratar de acordar un modelo sostenible para la gestión de los residuos, y ha propuesto suspender la reunión del Consorcio de Residuos prevista para este jueves para poder abrir una mesa de diálogo compartida con representantes municipales, partidos políticos y agentes sociales.

“Busquemos una solución seria, hagamos una reflexión profunda y compartida para decidir entre todos los agentes implicados qué infraestructuras de tratamiento de residuos queremos para Gipuzkoa”, ha propuesto Oihane Zabaleta. La portavoz de EH Bildu ha hecho esta petición en una comparecencia celebrada en Donostia junto a representantes municipales del Territorio: las alcaldesas de Andoain (Ana Carrere) y Berastegi (Amaia Azkue ) y los alcaldes de Hernani (Luix Intxauspe), Usurbil (Xabier Arregi), Oiartzun (Jexux Leonet) y Antzuola (Beñardo Kortabarria).

Zabaleta ha explicado que el Consorcio de Residuos (GHK) celebrará el jueves, a las puertas de las vacaciones de verano, una reunión decisiva en la que PNV y PSE pretenden hacer valer su mayoría para aprobar los pliegos de condiciones para la adjudicación de la incineradora. A juicio de EH Bildu, se trata de un paso más en la decisión equivocada. “PNV y PSE están haciendo las cosas de prisa y corriendo, de espaldas a la ciudadanía, para que no haya vuelta atrás. Quieren atar en corto a los ayuntamientos”.

El alcalde de Usurbil, Xabier Arregi, ha incidido en que las condiciones previstas en los pliegos son inaceptables para los ayuntamientos, ya que les obligan a pagar la deuda de la incineradora durante los próximos 35 años en unas condiciones muy duras e inaceptables:

  • En primer lugar, se impone el principio de exclusividad. Durante los próximos 35 años, los ayuntamientos no podrán tratar sus residuos a través de otro gestor que no sea GHK, y deberán pagar las tarifas de GHK – cualesquiera que sean – de manera “prioritaria y obligatoria”.
  • Si un ayuntamiento no pagara la cuota impuesta por el Consorcio, la Diputación tendría potestad para retirarle el dinero al ayuntamiento.
  • Si algún municipio abandonara GHK, estaría obligado a pagar la deuda de la incineradora de igual manera y hasta el final de los 35 años, además de pagar los “sobrecostes” que se pudieran derivar de su salida del consorcio.
  • Los pliegos, además, discriminan claramente a aquellos municipios en los que más se recicla, e impiden desarrollar modelos sostenibles basados en la economía circular.

Por lo tanto, ese contrato es injusto y perjudicial para los intereses de las Administraciones locales y, en consecuencia, de la ciudadanía. Teniendo en cuenta todo ello, EH Bildu ha solicitado que se suspenda la reunión del jueves. “Pedimos a PNV- PSE que, de momento, al menos, no aprueben los pliegos de la incineradora en esas condiciones. Que se sienten en una mesa de dialogo con otras fuerzas políticas, con representantes de los ayuntamientos y con los movimientos ciudadanos para encontrar otro camino. Les tendemos la mano con sinceridad y con responsabilidad, porque aún estamos a tiempo de parar este sinsentido”.

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