A medida que se van conociendo las primeras medidas adoptadas por los gobiernos de PNV y PSE en Gipuzkoa, se van encendido las alarmas, ya que el denominador común es que solo buscan el beneficio de unos pocos y no de la mayoría de la sociedad.

Y es que es verdaderamente preocupante que el gobierno de Markel Olano ya haya empezado a anunciar recortes sociales. En concreto, ya ha anunciado que va a haber 120 plazas menos en los servicios sociales y que dejan pendiente de revisión las ayudas que reciben 1500 de las familias más necesitadas de Gipuzkoa. Y por si eso fuera poco, reconocen que las condiciones laborales de cuidadoras y cuidadores van a empeorar, siguiendo las directrices de Adegi.

También lleva la marca de Adegi la contrarreforma fiscal que anuncian para beneficiar a las personas más ricas del territorio. El impuesto sobre las grandes fortunas de Gipuzkoa es una referencia a nivel europeo, y mientras en muchos países y estados están queriendo implantar un impuesto para los más ricos, aquí lo quieren quitar. Es incomprensible. La mayoría social de Gipuzkoa está compuesta por las personas asalariadas, por parados y paradas, por autónomos y por pequeños empresarios y empresarias, que pagan sus impuestos casi sin excepción. Sin embargo, esta contrarreforma fiscal solo busca beneficiar a unos pocos. La Diputación de Markel Olano solo busca beneficiar a los que más tienen, para que los más ricos de Gipuzkoa sigan enriqueciéndose.

Y esta política fiscal va a tener una consecuencia lógica: van a provocar recortes sociales. El propio Gobierno Vasco ha reconocido esta semana que la bajada de la recaudación en Bizkaia va a suponer recortes. Y esa es la dirección que quiere tomar la Hacienda Gipuzkoana. Todo ello está provocando que se enciendan todas las alarmas en el Herrialde.

Otro motivo que está generado alarma social en Gipuzkoa ha sido que la primera medida adoptada en muchos ayuntamientos gobernados por el PNV-PSE, y ratificada ayer mismo en las juntas, haya sido el aumento de sueldo decretado para alcaldes y concejales. Unos sueldos que pagamos entre todos y todas. Así por ejemplo, la alcaldesa de Arrasate cobrará 65.000 € y los de Azkoitia y Beasain 65.000 €.

Por último, tampoco ha gustado nada a la ciudadanía donostiarra el anuncio de derribo de Kortxoenea, unos de los lugares más activos culturalmente en la capital.

En definitiva, podemos decir sin duda alguna que estamos ante los gobiernos más retrógrados de nuestro entorno. Demasiados son los ejemplos que evidencian que el PNV y el PSE gobiernan para una minoría con los bolsillos bien llenos, mientras dan la espalda a la gran mayoría de los y las gipuzkoanas.

Y es que si la anterior legislatura en Gipuzkoa fue reconocida por no acometer recortes sociales y por gobernar igual para todos y todas, la presente legislatura se está caracterizando por ser la legislatura de los recortes y de los privilegios para unos pocos.

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