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A LA MESA DEL CONGRESO DE DIPUTADOS Y DIPUTADAS

El Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de Onintza Enbeita, Xavier Mikel Errekondo, Rafael Larreina, Maite Aristegi, Sabino Cuadra, Iker Urbina y Jon Iñarritu, diputados y diputadas de AMAIUR, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara presentan las siguiente ENMIENDA DE TOTALIDAD AL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DE ESTADO PARA 2013, solicitando en consecuencia su devolución al Gobierno.

 

 

Congreso de los Diputados y Diputadas, 19 de octubre de 2012. Xavier Mikel Errekondo Diputado de Amaiur y Portavoz Adjunto Onintza Enbeita Rafael Larreina Maite Aristegi Sabino Cuadra Iker Urbina Jon Iñarritu.

JUSTIFICACIÓN DE LA ENMIENDA DE TOTALIDAD

- Amaiur- Con carácter general, el Proyecto de Presupuestos aprobado por el Gobierno para el próximo año 2013 que se está tramitando en ésta Cámara, no da solución, ni a la grave crisis económica, ni a la crisis social, ni a la crisis política e institucional, sino que, con carácter general, va a profundizar y agravar todos estos problemas.

Con completa seguridad puede afirmarse que el citado Proyecto, de salir adelante, va a generar más recesión y desempleo, a la par que consolidará un modelo socioeconómico cada vez más neoliberal que asienta sus ingresos sobre la base de la población asalariada, mientras protege a los capitales, rentas y beneficios que siguen eludiendo la contribución fiscal. Junto a este planteamiento de apoyo a la economía especulativa y financiera, el Proyecto de Presupuestos refleja una falta de compromiso real con la economía productiva y social, el bienestar social de la población, el respeto al medio ambiente y el reconocimiento de la economía de los cuidados, en especial en todo lo relacionado con el trabajo reproductivo realizado de forma casi exclusiva por las mujeres.

Se trata de un Proyecto de Presupuestos que sigue recortando de forma general y grave el gasto social y debilitando los servicios públicos, a la par que prioriza por encima de todo ello la amortización de una deuda en gran medida ilegítima. Junto a ello, estos Presupuestos no tienen como prioridad directa la creación de empleo -mucho menos aún, de empleo de calidad- e imposibilita la puesta en marcha de otro modelo económico y social alternativo que posibilite el desarrollo social sostenible de la economía.

Por último, el Proyecto hace oídos sordos al clamor creciente que desde Catalunya, Euskal Herria, etc…, reclama la superación del modelo de Estado-nación de la frustrante Transición y exige avanzar en el proceso de normalización política y de resolución del conflicto político existente entre Euskal Herria y el Estado, así como abrir las puertas a que las aspiraciones de soberanía de estas naciones puedan ser materializadas por medio de decisiones libre y democráticamente adoptadas por las mismos.

La negación de ese derecho a decidir, por parte del Estado Español, a Euskal Herria tiene también un alto precio reflejado en el presupuesto del 2013, tal cual se evidencia en las cantidades presupuestadas para el cupo, tanto de la CAV como de Nafarroa. Marco negador de nuestros derechos y cupo que asfixia nuestra economía y nos obstaculiza como pueblo el avanzar hacia a la soberanía económica, así como hacia un nuevo modelo económico y social alternativo.

LAS PREVISIONES SOBRE LAS QUE SE ASIENTAN LOS PRESUPUESTOS NO GUARDAN RELACIÓN CON LA REALIDAD Y ESCONDEN NUEVOS RECORTES Y ATAQUES A LOS DERECHOS SOCIALES.

Al igual que sucedió con los Presupuestos del año en curso, 2012, las previsiones sobre las que se fundamenta el Proyecto de Presupuestos de 2013, pecan de optimistas. Según el Gobierno, el futuro inmediato puede definirse como de “recesión suave” que supondrá un descenso del 0,5% del PIB para 2013. Sin embargo, contradiciendo frontalmente estas previsiones, el FMI acaba de afirmar hace tan sólo unos días que el Estado Español, junto con Grecia, serán las economías que, a nivel mundial, tendrán una peor evolución durante 2013.

Así, frente a ese 0,5% previsto por el Gobierno, el FMI prevé una caída del PIB del 1,3%, es decir, un 260% superior al que sustenta el Proyecto. En el mismo sentido, el propio Servicio de Estudios del Banco de España ha calificado también estas previsiones de optimistas y afirmado que la contracción económica durante 2013 será de entre el 1% y el 1,5%. Es evidente así que el objetivo del Gobierno de dejar el déficit público en un 4,5% a final de 2013, es completamente inalcanzable, tal como es señalado por el FMI, quien calcula que éste no bajará del 6,7% del PIB. En esta misma medida, el objetivo de llegar a un 3% de déficit no se alcanzaría hasta 2017, tres años después de lo previsto por el Gobierno.

Tales previsiones, corroboradas por los informes realizados desde otras instancias privadas y públicas, echan por los suelos los pilares sobre los cuales se asientan estos Presupuestos. En esta medida, caso de aprobarse los mismos en sus propios términos, no tendrán viabilidad alguna y tendrán que ser sometidos posteriormente a todo tipo de ajustes y cambios –algo parecido a lo acontecido con los de 2012-, dejando así a la sociedad sin otras referencias presupuestarias que la cambiante voluntad y arbitrariedad del Gobierno.

Es por ello que no nos cabe duda de que quien ostenta la responsabilidad de elaborar estos Presupuestos sabe perfectamente que sus previsiones no se van a cumplir. Sin embargo, unas previsiones más “realistas” supondrían afirmar unas cifras socialmente más hirientes desde el primer día, con lo cual, el ocultamiento de la realidad no tiene otro objetivo que el de proceder a mayores recortes sociales en diferentes momentos.

Por todo ello, este exagerado “optimismo” a la hora de sentar las previsiones sobre las cuales se fundamentan estos Presupuestos es razón más que suficiente para acordar la devolución de este Proyecto a fin de que el mismo sea reelaborado atendiendo a la situación económica y social realmente existente y no a las conveniencias políticas, electorales y mediáticas que pueda tener este Gobierno.

LOS PRESUPUESTOS DE 2013: LAS FINANZAS POR ENCIMA DE LAS PERSONAS. El 22,7% del presupuesto dedicado al pago de intereses de deuda Desde un punto de vista humano y social, resulta insultante comprobar cómo, un año más, los intereses de las finanzas y los bancos son puestos por delante de los de las personas, incrementándose el pago de la deuda pública en un 33,7% los gastos financieros, mientras que el conjunto de gastos ministeriales (en los Ministerios sociales los recortes son aún mucho mayores), el recorte promedio es de un 8,9%. Por primera vez en la historia -exceptuada la partida correspondiente al pago de las pensiones-, el coste de la deuda pública se convierte en 2013 en la mayor partida de los Presupuestos del Estado (38.615 millones de euros), superando así a otras como los gastos de personal de todo el funcionariado público (27.672 millones de euros) o el conjunto de los gastos de fomento del empleo y prestaciones por desempleo (30.765 millones).

Supeditación y ocultismo en la elaboración de los presupuestos. Todo ello es consecuencia de la supeditación de la política económica y social del Estado a los imperativos de la “troika” y la conversión del Gobierno del PP en un mero transmisor de las decisiones de ésta. Ni que decir tiene, en esta medida, que los Presupuestos han carecido del más mínimo nivel de participación sindical, social y público y que, por el contrario, han sido elaborados bajo estrictos criterios de secretismo y ocultismo.

Son los lobbies financieros y grandes corporaciones económicas las que determinan las grandes prioridades de estos presupuestos. Gracias a esa política, se está dando un proceso continuado de conversión de la deuda privada acumulada por la Banca española durante los años dorados de la especulación cementera y el pelotazo urbanístico (créditos asumidos con la gran Banca internacional, sobre todo alemana y de otros países de Europa), en deuda pública asumida por éste y el anterior Gobierno, cuyo pago se hace recaer sobre los presupuestos públicos y, sobre todo, con cargo a fuertes recortes las partidas sociales de los mismos: educación, sanidad, prestaciones, inversiones públicas,…

Deuda odiosa, ilégitima e inmoral Por el contrario, las medidas a adoptar debieran de pasar por la realización en primer lugar de una auditoría precisa de la deuda existente a fin de determinar cuanta parte de la misma corresponde a operaciones puramente especulativas realizadas al amparo del boom inmobiliario, a la realización de grandes e inútiles infraestructuras (radiales, aeropuertos, TAV,…) o a la generada en estos últimos tres años en que los bancos han estado comprando dinero al BCE a un tipo de interés bajo -1%- para después comprar al Estado deuda pública (bonos, obligaciones,..) a unos intereses bastante más altos –del 4% al 7%- en operaciones puramente especulativas.

Es preciso por ello oponerse firmemente al pago de esta deuda odiosa, ilegítima e inmoral. Y solamente después, una vez aligerado substancialmente el importe de la deuda y tras situar las necesidades y derechos de las personas por encima del pago del resto de la deuda, acomodar los posibles pagos de la misma a las prioridades derivadas de lo anterior.

PRIORIZAR LAS NECESIDADES SOCIALES. El análisis de estos Presupuestos pone de manifiesto el fortísimo recorte a dar al conjunto de gastos ministeriales, que alcanza el 8,9%. Claro está, este porcentaje es el promedio del conjunto de Ministerios, pero si se analiza uno a uno los mismos puede verse que, al igual que sucedió en 2012, son los Ministerios sociales (Sanidad, Educación, Empleo,..) los que sufren los recortes más grandes, mientras que los ligados al aparato del Estado (Presidencia, Defensa, Interior,…) son los mejor tratados.

Es insultante que, mientras que el pago de la deuda y los gastos financieros se incrementa en un 33,7%, el Ministerio de Sanidad, una vez excluidas las partidas referidas a aportaciones pendientes de realizar a la Seguridad Social y el dinero ya comprometido por años anteriores, ve reducido su presupuesto real de gasto en un 28,6%.

Otro tanto sucede con el de Educación, Cultura y Deporte que lo hace en un 17,2%, lo cual supone que en Educación, sumando los recortes actuales a los de 2012, se alcance un total de recorte de un 31% en tan sólo dos años. Algo parecido ocurre con el Ministerio de Empleo y Seguridad social en el que, excluidas también las aportaciones pendientes a realizar y las obligaciones de pago procedentes de ejercicios anteriores, contiene un recorte real, neto, de un 8,3%.

Más escandaloso es aún contemplar como, a pesar de dibujarse un futuro de recesión e incremento del paro, las prestaciones y subsidios de desempleo experimentan un retroceso del 6,3% y las políticas de fomento de empleo son sometidas a un brutal recorte del 34,6% del total presupuestado para 2012. El hundimiento del mercado laboral ha arrastrado consigo a las cuentas de la Seguridad Social, habiéndose tenido este año que romper la hucha del Fondo de Reserva para pagar ya las pensiones de 2012.

Junto a ello, el próximo mes de noviembre deberán revalorizarse las pensiones conforme al incremento del IPC que ya ha desbordado con mucho las previsiones hechas por el Gobierno en los Presupuestos de 2012. Ante esto, sin embargo, las respuestas del Gobierno no solo no han dado una respuesta satisfactoria a esa obligación legal de regularizar las pensiones, sino que anuncian una nueva reforma del régimen de jubilaciones que, a la vista de la filosofía de recortes sociales contenida en estos Presupuestos, es más que probable que afecten también de una forma muy negativa a las pensiones. Los recortes son también muy importantes en otros Ministerios: Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (25,4%); Industria, Energía y Turismo (21,3%); Fomento (17,2%),….

Por el contrario, los que se sitúan por debajo del promedio de recorte ministerial del 8,9% son el Ministerio de Interior (6,0%), Justicia (4,2%), Presidencia (4,3%), Defensa (6,0%)… A destacar en cualquier caso cómo, en el caso de Defensa, si bien en los Presupuestos de 2012 fue también uno de los Ministerios menos recortados, al final resultó ser el único que tuvo un incremento real en sus partidas debido a un crédito extraordinario aprobado para el mismo el pasado mes de septiembre. Por último, señalar también cómo en el caso del Ministerio de Presidencia, el recorte recae sobre las espaldas del funcionariado, quien ve nuevamente congelados sus sueldos y plantillas, con el deterioro de servicios públicos que conlleva esto último.

Estos Presupuestos impulsan así el desmantelamiento del sector público en favor de la privatización de servicios esenciales (Educación, Sanidad, atenciones sociales,..), lo cual conduce a un claro debilitamiento de los niveles de bienestar social alcanzado y al desamparo de una parte cada vez más grande de la sociedad: más de diez millones de personas viviendo por debajo del umbral de pobreza, cinco millones y medio de personas desempleadas, dos millones de personas que carecen de ingreso salarial o social alguno,…

Es evidente por ello que hace falta dar un cambio radical en la política de gastos y situar las prioridades en una dirección completamente opuesta a la afirmada por este Proyecto. Se trata así de recortar y suprimir en buena medida los gastos y presupuestos militares, policiales y de la Casa Real, congelar y anular los presupuestos de inútiles infraestructuras (TAV, autovías,…) y situar las necesidades de la población empobrecida y en paro por encima de todas éstos gastos.

INCREMENTAR LOS INGRESOS FISCALES CARGANDO EL MAYOR PESO DE ÉSTOS SOBRE LOS GRANDES INGRESOS Y RENTAS. La crisis fiscal que padece el Estado Español es, por encima de todo, una crisis de ingresos. En la economía española, durante la crisis, la presión fiscal ha descendido un 6% del PIB, cayendo del 41% al 35%. Por el contrario, en otros países europeos la presión fiscal se ha mantenido. En el Proyecto de Presupuestos para 2013, si bien el aumento total de la recaudación por los distintos tributos (IRPF, Sociedades, IVA, Especiales, tasas) se prevé que crecerá en un 3,7%, es preciso destacar que ese incremento se sustenta en última instancia en la subida brutal del IVA realizada el pasado julio.

De esta manera, al tratarse éste de un impuesto indirecto no basado en las rentas, beneficios, ni propiedades, sino en el consumo de quien lo realiza, hace que sean las clases menos pudientes las que tengan que pagar, en proporción, una mayor parte de su importe. Por el contrario, el Proyecto de Presupuestos debiera de contemplar, junto a la anulación del último incremento general del IVA, una subida general de los ingresos tributarios resultante de aumentar sustancialmente la progresividad de los impuestos directos (IRPF, Sociedades,..) haciendo recaer el peso de estos aumentos sobre los tramos más altos de los mismos. En esta misma medida, debiera aprobarse un fuerte impuesto sobre las grandes fortunas y suprimir la figura de las SICAV, así como duplicar los medios materiales, humanos y presupuestarios precisos para hacer frente al fraude fiscal que, como es sabido, se practica sobre todo por parte de las grandes empresas y rentas. La reciente propuesta de la Diputación de Gipuzkoa de establecer un Impuesto sobre las Grandes Fortunas (se calcula que con ello van a incrementarse los ingresos en un 30% con respecto del Impuesto sobre Patrimonio), pone en evidencia las posibilidades y, a la vez, la falta de voluntad política para llevar a cabo un reforma fiscal progresiva que genere recursos suficientes y posibiliten un sector y servicios públicos suficientes.

HACER FRENTE A LA CRISIS INSTITUCIONAL Pareja a la crisis económica y social, la crisis institucional que venía larvándose en los últimos años, especialmente en Euskal Herria, ha terminado estallando tras la realidad puesta de manifiesto por la Diada de Catalunya. Se ha evidenciado que aquella Transición fraudulenta y la Constitución de ella derivada, no han sido capaces de dar una respuesta democrática y respetuosa para con la voluntad de la ciudadanía, a la realidad de las distintas naciones sin estado que hoy se encuentran dentro del actual Estado español. Treinta y cinco años después de aquello, el problema nacional irresuelto está de nuevo presente en todos los debates públicos hoy presentes tanto en el propio Estado Español como a nivel internacional.

Sin embargo, el proyecto de Presupuestos para 2013, lejos de atender, siquiera de forma mínimamente satisfactoria, a las ansias de soberanía evidenciadas, apuesta por avanzar en una dirección completamente contraria. Comenzando por aquella modificación constitucional adoptada el pasado año con celeridad, secretismo y falta total de debate, que subordinó el conjunto de presupuestos públicos a las exigencias de contención del déficit público y pago de la deuda, pasando por las distintas medidas adoptadas en el ámbito financiero, laboral, social, fiscal…, la política del Gobierno ha impuesto una recentralización de competencias de todo tipo.

Se ha reforzado así el carácter centralista de este Estado en una dirección completamente contraria a la exigida hoy en día por las naciones sin estado. SOBERANÍA ECONÓMICA, FISCAL, FINANCIERA Y SOCIAL PARA EUSKAL HERRIA. En esta misma medida, y en lo que hace referencia a Euskal Herria, el Gobierno del PP está imponiendo todo un conjunto de medidas y recortes amparándose en unos marcos institucionales estatales, a pesar de que su representación electoral en el conjunto de nuestro pueblo (Comunidad Autónoma Vasca –CAV- y Foral de Navarra) es ostentosamente minoritaria (23%) y que su política económica y social está siendo rechazada hoy en día por porcentajes cercanos al 90% de la población (encuesta INE, septiembre) e, incluso, por sus propios Parlamentos autonómicos y Juntas Generales. El mantenimiento de este marco político tiene un coste concreto para la CAV y Nafarroa. Los presupuestos del 2013 recogen las cantidades de 551,08 millones de euros para el cupo de Nafarroa y de 920 millones en el cupo de la CAV. Estas enormes cantidades van a parar, entre otros destinos, a correr con los gastos de la Monarquía, las fuerzas de seguridad del Estado, el ejército, las grandes infraestructuras inútiles y, como no, al pago de la deuda. Y en la medida que sube la deuda a pagar a los bancos, sube también el pago que la ciudadanía de Euskal Herria ha de hacer a las arcas estatales. Unos pagos que vacían nuestras arcas públicas y nos niegan la posiblidad de poner en marcha un nuevo modelo social y económico en Euskal Herria. Constatamos igualmente que el presente proyecto de cuentas públicas para 2013 no contempla compromiso explícito alguno, ni siquiera en su más mínima expresión, a fin de contribuir positivamente a la nueva etapa abierta en Euskal Herria de cara a la resolución del conflicto político.

Se hace aún más necesario que nunca la exigencia para Euskal Herria de un marco soberano en materia económica, financiera, fiscal, social y laboral, a fin de poder implementar desde nuestra propia realidad, sin imposición ni limitación alguna por parte de los poderes estatales, cuantas medidas sean precisas para construir un futuro para nuestro pueblo asentado en pilares de justicia y solidaridad, en el reparto del trabajo y la riqueza, en el fomento de los servicios y prestaciones públicas, en la apuesta por la economía real y productiva.

Un desarrollo hermanado y respetuoso para con la naturaleza e impulsor de una igualdad efectiva y real entre hombres y mujeres. Queremos, desde Euskal Herria, apostar por la industria y economía verde y de alto valor tecnológico; impulsar la economía de los cuidados y los servicios sociales y públicos; fomentar firmemente la economía social; desarrollar decididamente la I+D+I; asentar la agricultura y la ganadería sobre bases de soberanía alimentaria,..

Y todas estas apuestas hacia un nuevo modelo económico y social necesitan de soberanía política y económica, así como poder contar con los recursos que ahora, vía cupo, se nos usurpan para pagar los intereses de una deuda injusta e ilegítima. Por todo ello, en base a la ineficacia frente a la crisis económica, a su papel de impulsores de la crisis social, a su contribución en la profundización de la crisis institucional y en que sus fundamentos no responden a la realidad política, social y económica de Euskal Herría, los diputados y diputadas de AMAIUR presentan esta ENMIENDA A LA TOTALIDAD y piden la DEVOLUCIÓN AL GOBIERNO DE ESTE PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO DE 2013.

@ehbilducongreso